Según un comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés), dos hombres en el estado de Hidalgo, en México, fueron encarcelados arbitrariamente y luego expulsados de su comunidad, junto con sus familias, por negarse a renunciar a sus creencias religiosas.
El pasado 12 de marzo, Casto Hernández y su primo Juan Plácido, ambos evangélicos, fueron encarcelados aproximadamente 30 horas por funcionarios de la aldea Chichiltepec, municipio de Tlanchinol.
Según el pastor Marcopolo Valdéz, presidente de la Alianza de Pastores de la Sierra y Huasteca, esta es una región en la que las violaciones de la libertad religiosa se han dado en los últimos tiempos, dándose la expulsión de evangélicos a instancias de líderes locales, entre ellos el delegado del pueblo, Jesús Domínguez.
Una campaña dirigida contra la minoría protestante comenzó en abril de 2014, cuando las autoridades de la aldea intentaron obligarlos a firmar un documento que les prohibía pertenecer a cualquier religión que no fuese la católica. Los protestantes se negaron a hacerlo, pero los líderes de las aldeas firmaron el documento.
El 12 de marzo, Casto Hernández recibió una citación en el trabajo para asistir a una asamblea extraordinaria donde discutirían preocupaciones de la comunidad. Cuando se presentó en la reunión, se le informó de las quejas recibidas, acusándole de ser anfitrión de reuniones religiosas no católicas en su casa.
Las autoridades locales elaboraron un documento que decía que renunciaba a todos sus derechos como miembro de la comunidad y que estaba entregando todos sus bienes a la comunidad, incluyendo su tierra y su casa. Cuando Hernández se negó a firmar, él y su primo, que lo había acompañado a la reunión, fueron encarcelados.
Según el pastor Valdéz, los dos hombres fueron retenidos en condiciones antihigiénicas en una celda sin baño. Hernández sólo pudo salir de la celda dos veces durante el período de 30 horas obligándolo a firmar el documento.
Ambos fueron puestos en libertad poco después de la medianoche del 21 de marzo, pero les dijeron que tenían 18 horas para abandonar la comunidad. Ahora ellos están desplazados y han recibido refugio temporal en la ciudad de Huejutla de Reyes, con los miembros de la congregación del pastor Guzmán. Este también ha liderado esfuerzos comunitarios para abastecer a la familia con necesidades básicas.
Mervyn Thomas, director ejecutivo de CSW expone su opinión sobre el abuso.
"Nos molestó al enterarnos de la detención ilegal y la expulsión de estos dos hombres y sus familias, simplemente a causa de sus creencias religiosas forzadas. Sin embargo, es aún más preocupante saber que los responsables de estos actos ilegales permanecen en una posición de autoridad y se han visto sin consecuencias legales por sus actos", dijo.
"Aunque acogemos con satisfacción los esfuerzos de las iglesias locales en Huejutla de apoyo a las familias, esto es responsabilidad del gobierno del Estado, que parece haberse ausentado, para ayudar a las víctimas, tanto en términos de apoyo material y en la búsqueda de justicia por los crímenes que tienen cometidos contra ellos por las autoridades locales", añadió.
Thomas hace un llamado al Gobierno.
"Hacemos un llamado al Gobernador del Estado de Hidalgo, Francisco Olvera, a tomar medidas rápidas en este caso para asegurar que las familias puedan regresar a sus hogares, practicar su fe en paz y que los responsables de su encarcelamiento ilegal, la confiscación arbitraria de sus bienes y de su forzada expulsión sean acusados".
El secretario de la Alianza de Pastores de la Huasteca, Miguel Sánchez, mencionó que los dos cristianos evangélicos expulsados de Chichiltepec no participaban en las actividades de la localidad al no pertenecer a la religión católica, por lo que dijo, surgió la inconformidad.
“Nosotros como cristianos evangélicos participamos en todo lo relacionado a la escuela, agua potable, diferentes actividades del bien común de la comunidad, pero ya en situaciones religiosas no porque la palabra nos llama a no participar porque Dios no es de madera ni es de cartón, Dios es un Dios vivo, que no podemos ver al cual nosotros adoramos y servimos ahora”, sostuvo.
Las violaciones a la libertad religiosa son comunes en el estado de Hidalgo, donde los líderes locales a menudo intentan forzar a todos a seguir la religión mayoritaria. Los funcionarios del Estado son los encargados de hacer cumplir la ley, incluida la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución de México, pero rara vez intervienen para proteger la libertad religiosa.
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